Escribe Mercedes de Mendieta, docente UBA y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

El CIN y la mayoría de las conducciones docentes y no docentes pactaron con Milei una traición a la lucha universitaria. Abandonan el reclamo por la Ley de Financiamiento, pero el conflicto no terminó: abrió una nueva etapa.

Presentado ante los medios de comunicación como un “acuerdo histórico”, Javier Milei acordó con los rectores nucleados en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la mayoría de las conducciones de las federaciones sindicales reemplazar el 52% adeudado por la Ley de Financiamiento por un 24% en dos tramos: 21,3% a cobrar en junio y 3% en octubre. Es decir, la mitad.

El acuerdo incluye plata para gastos de funcionamiento y becas, todo por debajo de lo que establecía la ley. Una verdadera traición a más de dos años y medio de conflicto, cuando el gobierno se encontraba contra las cuerdas. La única Federación de Docentes Universitarios que no firmó, por presión de la base, fue Conadu Histórica.

Yacobitti y todo el CIN dicen que firmar esto “no implica que se baja el reclamo ante la Corte”, pero ofrecieron enviarle a los jueces una carta anunciando un avance en las negociaciones con el gobierno, lo que contribuirá a que la Corte Suprema deje la ley cajoneada. Lo presentan como un triunfo. Para miles de docentes, no docentes y estudiantes, en cambio, se trata de una capitulación completamente inconsulta.

Por eso la pregunta es inevitable: ¿por qué firmar ahora? ¿Por qué aceptar un acuerdo cuando el gobierno atravesaba uno de los momentos de mayor debilidad en este conflicto? La ley no solo cuenta con fallos favorables, sino que veníamos de una cuarta Marcha Federal Universitaria, donde más de un millón y medio de personas salieron a las calles mostrando el apoyo social al conflicto.

Días atrás, las tomas de los colegios preuniversitarios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini mostraron un movimiento estudiantil combativo y tuvieron enorme impacto. Está programado un paro para la semana del 16 al 20 de junio. Incluso, por un cuadro incluido en el Staff Report del FMI, del 22/5/26, salió a la luz que habría fondos que tenían presupuestado un 0,20% del PBI para hacer frente a las erogaciones surgidas de la Ley de Financiamiento. Sobran las razones para creer que podíamos torcerle el brazo al gobierno.

Una nueva etapa del conflicto

Consumada la traición de los rectores y las conducciones de las federaciones, queda algo claro. Si Milei, que tenía como proyecto liquidar las universidades públicas y el Sistema de Ciencia y Técnica (SCyT), tuvo que ceder parcialmente, fue gracias a la enorme lucha de docentes, no docentes y estudiantes, y al apoyo de la sociedad.

Por eso crece la bronca y este acuerdo por arriba no cierra el conflicto. El aumento del 21,3% de junio queda muy por debajo de lo adeudado, no recompone la pérdida salarial y nos sigue sometiendo a salarios de miseria. El reclamo por la aplicación de la ley sigue más vigente que nunca.
Mientras en los medios circulaba la inminente firma del pacto, entre docentes y no docentes crecía la bronca. Una parte se expresó en que la Federación Conadu Histórica, por mandato de sus asociaciones de base, no firmó el acuerdo y mantiene el paro convocado para esta semana.

Por las redes sociales y en las universidades crecen las denuncias sobre consultas manipuladas para legitimar la aceptación del acuerdo, formularios cuyos resultados nunca fueron publicados y asociaciones sindicales que cercenaron toda instancia de debate.

La bronca comenzó a expresarse de manera autoorganizada: en apenas algunas horas se conformaron grupos en redes sociales de docentes y no docentes donde participan miles. Desde allí se impulsó una primera asamblea virtual federal, que reunió a cientos de trabajadoras y trabajadores universitarios de distintos puntos del país, para promover acciones en el marco del paro de Conadu Histórica y seguir coordinando un plan de lucha.

Frente al gobierno de Milei, que busca conformarnos con este acuerdo; frente a Yacobitti y los rectores del CIN; frente a las conducciones burocráticas de las federaciones universitarias, decimos con claridad: que cumplan la ley.

La pelea no terminó, cambió de etapa. Toca transformar la bronca en lucha y organización, por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y por plata para educación, no para el FMI.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad.

La reunión de Juan Grabois con el ultraderechista y magnate tecnológico Peter Thiel volvió a abrir el debate sobre la estrategia política del diputado nacional y dirigente peronista de Patria Grande, y su permanente apuesta al “diálogo humanista” con sectores de la ultraderecha mundial.

Veamos algunos antecedentes. En 2023, en plena campaña presidencial, mantuvo una reunión con el entonces embajador de Estados Unidos en Argentina, Marc Stanley, para exponer aspectos de su programa político, a diferencia de nuestra candidata a presidenta en aquel momento, Myriam Bregman. Meses después, el dirigente sorprendió al reivindicar aspectos “humanistas” del pensamiento de Steve Bannon, uno de los principales ideólogos de Donald Trump e impulsor de políticas antiinmigrantes y ultraconservadoras que fueron la punta de lanza del ICE.

Ahora, la polémica vuelve a instalarse a partir de su encuentro con Peter Thiel. El empresario es uno de los hombres más influyentes de Silicon Valley y cofundador de Palantir, una compañía especializada en análisis de datos e inteligencia artificial, con estrechos vínculos con agencias de seguridad y organismos militares de Estados Unidos. Como si fuera poco, su nombre aparece en documentos, agendas y correspondencia vinculados a Jeffrey Epstein.

Thiel defendió públicamente el uso de la inteligencia artificial para fines militares y estratégicos, lo que fue cuestionado por organizaciones de derechos humanos. Sus planteos se inscriben en una visión que concibe el desarrollo tecnológico como una herramienta para sostener la supremacía de las grandes potencias imperialistas en un escenario internacional cada vez más conflictivo. De hecho, la tecnología que desarrolló esta multinacional fue utilizada por el Estado sionista de Israel al servicio del genocidio en Gaza.

La llegada de Thiel a Argentina coincide, además, con el intento del gobierno de Milei por “atraer inversiones tecnológicas” mediante un súper RIGI con incalculables beneficios fiscales. Detrás de ello se esconde, además, otro fin. Según expresó en una columna publicada hace días en el Financial Times, para Milei esto sería parte de una estrategia para “liberar a la IA” y eliminar cualquier “regulación prematura”. En el marco de su alineamiento político internacional con la ultraderecha, esto resulta un peligro para la soberanía nacional y para la resistencia de quienes luchan contra la motosierra.
Hasta el momento, no hubo detalles sobre los contenidos de su conversación con Thiel. La diputada nacional de Patria Grande y compañera de Grabois defendió públicamente la reunión diciendo que “queremos gobernar, nos tenemos que reunir con todos”.

En un contexto atravesado por el avance de las grandes corporaciones tecnológicas y el crecimiento de la IA para la inteligencia al servicio del dominio imperialista, la reunión entre Grabois y Thiel vuelve a poner sobre la mesa que no hay “diálogo” humanista posible con empresarios multimillonarios ultraderechistas que definen tecnología de inteligencia y militar a favor del genocidio y del sometimiento de los pueblos oprimidos.

Escribe Mercedes de Mendieta, diputada nacional electa Izquierda Socialista/ FIT Unidad

Negar la violencia de género, eliminar las políticas de prevención, esbozar discursos contra el feminismo, intentar quitar la categoría de femicidios del Código Penal, atacar a las madres protectoras, hablar de “falsas denuncias”, retroalimentan un clima de violencia y hostilidad hacia mujeres y disidencias. Es el sostén del crecimiento de la violencia machista que tiene su máxima expresión en los femicidios. Y en este escenario de violencia patriarcal hay res¬ponsables políticos: Milei y sus cómplices.

A once años del primer #NiUnaMenos volvemos a discutir las responsabilidades políticas de que en el país vanguardia de lucha feminista tengamos una femicidio cada treinta horas. En estos once años contabilizamos 3.424 femicidios que se dieron bajo todos los gobiernos pero¬nistas, del PRO y ahora con la ultraderecha. El flagelo de la violencia machista es producto de un sistema capitalista pa¬triarcal y que sólo terminará con una sociedad libre de opresión y explotación. Pero esto no quita que hoy bajo el gobierno negacionista de Milei la violencia de género se recrudece y que los nú¬meros de femicidios y tentativa de femicidios no están bajando, sino que crecen.

Desde que asumió Milei en diciembre de 2023, avanzó con el cierre de organismos como el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la eliminación de programas vinculados a políticas de género, a los que calificó como “ideológicos”. Este año las pocas políticas para combatir la violencia fueron borradas de un plumazo: El Programa Acompañar, destinado a mujeres en situación de violencia de alto riesgo, no tiene asignación presupuestaria, mientras que la Línea 144, principal canal de atención para víctimas de violencia de género, registró fuertes recortes y pérdida de personal. Lo mismo ocurrió con el financiamiento para la Ley Educación Sexual Integral (ESI) y el programa de salud sexual y reproductiva y el plan de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia (ENIA) y podríamos seguir contando.

Mientras la motosierra avanzaba contra las insuficientes políticas para prevenir la violencia de género, Milei impulsa un discurso negacionista y de odio. En 2025 en Davos dijo que “llegamos al punto de normalizar que en muchos países supuestamente civilizados si uno mata a la mujer se llama femicidio” y que el feminismo “era un cáncer que había que exterminar.”

Un negacionismo que se convirtió en política de estado: Milei, Bullrich, Cúneo Libarona, Adorni y otros funcionarios impulsan un discurso dónde hablan de “homicidio de mujeres” al referirse a los femicidios y de una supuesta epidemia de “falsas denuncias” como parte de su “batalla cultural” que tiene consecuencias: Según el Observatorio “Mujeres, disidencias, derechos” solo el 9% de las víctimas del 2026 denunció a su agresor previamente, cuando el promedio desde 2015 fue del 17%.

Los femicidios no son crímenes pasionales, no son homicidios comunes, ni los femicidas son monstruos aislados, ni casos excepcionales. Son crímenes políticos porque disciplinan, generan miedo, condicionan la libertad de mujeres y disidencias. El recrudecimiento de la violencia machista se ampara en el desmantelamiento y la desprotección de quienes la sufren y envalentona a violentos y abusadores. Cuando el negacionismo se vuelve política de estado las calles son el escenario para salir masivamente a para decir: #NiUnaMenos. Vivas y Libres nos queremos. El gobierno es responsable.

Escribe Mercedes de Mendieta, docente UBA y diputada nacional electa Izquierda Socialista/FIT Unidad

A la Marcha Federal le siguieron los nuevos paros docentes y no docentes y la toma de los colegios preuniversitarios de la UBA, Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini. El camino es continuar y profundizar la movilización. Mientras tanto, sin ningún mandato de nadie, los rectores del CIN buscan “negociar” con el gobierno. 

La masividad de la cuarta Marcha Federal Universitaria fortaleció la lucha contra el gobierno de Javier Milei por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario y la pelea continúa. La docencia universitaria paró masivamente del 26 al 30 de mayo, convocada por las federaciones de Conadu Histórica y Conadu. En la misma semana, Fatun llevó adelante un paro nacional de 24 horas. Tenemos que seguir este camino: el de los paros masivos y la organización hasta que se aplique la ley, porque se le puede torcer el brazo al gobierno ultraderechista. No podemos aceptar migajas como busca el gobierno negociar con los rectores y las conducciones sindicales. 

El paro docente fue acompañado por las tomas estudiantiles de los colegios Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini, que tuvieron un importante impacto y mostraron a una juventud que lucha en defensa de la educación pública. Es que allí la situación es crítica: las y los docentes cobran un 30% menos que los ya miserables sueldos de la docencia de nivel medio de CABA y, desde que asumió el facho de Milei, renunciaron 260 personas a sus cargos.

En la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA se mantiene un paro indeterminado desde el 16 de marzo, que compromete el cuatrimestre de algunas materias y carreras, como Ciencias de la Computación. Es una huelga que tiene como protagonistas tanto a las y los trabajadores como a estudiantes, ante el ataque al Conicet y a la Secretaría de Ciencia y Tecnología (SCyT), que profundiza día a día el cientificidio. En esa facultad ya renunciaron 438 docentes e investigadores.

Desde el punto vista judicial, dos fallos obligan al gobierno a cumplir con la ley, frente a lo que Milei presentó un recurso extraordinario a la Corte Suprema para suspenderla que, procedimentalmente, no tiene plazo para expedirse. Táctica con la que busca dilatar la aplicación y conseguir un acuerdo por arriba para cerrar el conflicto. 

En este contexto,  funcionarios del gobierno y representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) comenzaron a negociar a espaldas de docentes, no docentes y estudiantes, para llegar a “un acuerdo razonable”. Desde el CIN dijeron: “Vamos a escuchar toda propuesta razonable que empiece realmente a recomponer la situación y que empiece a cumplir lo que la ley establece” (Página 12) y que “los sindicatos docentes y no docentes universitarios conocen la oferta y estarían dispuestos a firmar un acuerdo” (La Nación, 02/06/26). Pero, ¿Cuál es la propuesta “razonable” del gobierno? La oferta del Subsecretario de Políticas Universitarias es un aumento salarial del 24%, ¡Menos de la mitad de lo que deberían pagar por ley! 

Encima, en la reunión que se hizo entre los funcionarios de Milei y los rectores del CIN, los primeros exigieron que previo a cualquier acuerdo, los rectores retiren la demanda legal de cumplimiento de la Ley de Financiamiento. Una auténtica provocación que cortó, por ahora, las negociaciones. 
Somos claros: no podemos confiar en los rectores ni en las conducciones de las federaciones. No se trata de “negociar” o “llegar a un acuerdo razonable” con un gobierno que está en la completa ilegalidad y quiere destruir la educación pública.

Tenemos que seguir profundizando el plan de lucha, porque tenemos el apoyo social para ganar y lograr que se aplique la ley tal cual fue votada cuatro veces. Exigimos el 52% de recomposición salarial que nos deben para las y los trabajadores universitarios, la actualización de las becas estudiantiles y el presupuesto para el funcionamiento de las universidades y los hospitales.

La universidad pública no se vende, se defiende. Ni un paso atrás.

Este miércoles 3 de junio salimos a las calles contra la violencia de género y los femicidios en todo el país. En CABA la concentración es a las 17 horas en Congreso.

Mercedes de Mendieta, dirigenta de la agrupación feminista “Isadora” y diputada nacional electa de Izquierda Socialista/FIT Unidad, dijo: “Once años después del primer #NiUnaMenos, seguimos reclamando que paren de matarnos. Desde 2015 hubo más de 3.000 femicidios y ya son más de 100 en lo que va de 2026. Mientras tanto, el presidente Javier Milei y los gobernadores desmantelan las políticas de prevención, vacían los programas de asistencia y promueven una reaccionaria ley de ‘falsas denuncias’ que amenaza y persigue a las víctimas que denuncien violencia de género y abuso.”

Por su parte la legisladora de Córdoba Noelia Agüero (Izquierda Socialista/FIT Unidad) agregó: “El femicidio de Agostina Vega deja en evidencia las consecuencias del desmantelamiento de las políticas de género, la responsabilidad de los gobiernos y el carácter patriarcal del poder judicial. Por eso, desde la banca de Izquierda Socialista/FIT Unidad en la legislatura de Córdoba hicimos el pedido de Jury al fiscal Raúl Garzón y exigimos la renuncia del ministro de seguridad Juan Pablo Quinteros”.

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